Política Pública

Según el ABC de las políticas públicas, para que éstas funcionen se necesitan numerosos requisitos; pero no hay duda: dos de ellos son indispensables. Se trata de la voluntad política y el presupuesto. Sin éstas, no hay manera de que una política pública se eche a andar, a contrapelo de contar con los mejores mecanismos legales y de implementación.

Incluso, en el supuesto muy improbable de contar con dinero de sobra para poner en marcha la política, si no hay voluntad, sencillamente ésta no funciona. Y en sentido inverso, si hay toda la voluntad del mundo, pero no hay dinero suficiente, los resultados pueden existir, si bien en mucho menor medida de lo esperado.

De esta manera, cuanto más grande sea el problema a resolver, tanto mayores deberán ser la voluntad y el presupuesto, además –claro– de contar con un marco jurídico adecuado, útil y práctico para atender el tema.

Esta mañana de día inhábil, se dio a conocer el «Plan de implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda».

El documento, presentado al más alto nivel, en la conferencia matutina del presidente de la República, contiene lo que parecen ser dos buenas noticias: voluntad política y presupuesto.

Es clara la voluntad política, puesto que fue el propio presidente de la República (máxima autoridad del Poder Ejecutivo Federal), quien lo presentó, si bien dejó al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas explicarlo, porque será en la subsecretaría a su cargo, donde se implementará este Plan.

El propio Encinas explicó que el año pasado (2018, último del anterior gobierno), es aplicó una política de simulación en esta materia, porque si bien el presupuesto formalmente destinado a esta materia era de 468 millones 946 mil pesos, sólo se ejercieron seis millones, lo cual, en una palabra, significa que el Sistema Nacional de Búsqueda nunca funcionó.

Para este año, se presupuestaron 400 millones 791 mil pesos, cifra que si bien es inferior a la del presupuesto del año pasado, esta vez se supone que sí se usarán de manera íntegra para ese propósito. Es decir, si de verdad se usan los 400 millones, significa un salto cuántico en materia presupuesta.

Además, según el subsecretario, se está en pláticas con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, para que se puedan utilizar en la búsqueda de desaparecidos, los 7 mil 500 millones de pesos de los que dispone el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. De lograrse este propósito, ahí sí, no habría manera de «justificar» que el Sistema Nacional de Búsqueda no funcione por falta de recursos.

Claro que estas son solo algunas partes de la efectividad de esta política pública, pues todavía faltan muchas partes para que se convierta en realidad y se logre dar con los 40 mil desaparecidos que se registran en el país, identificar a los 26 mil cuerpos que se encuentran hoy en día en los servicios forenses del país y se esclarezca quiénes son las víctimas que se encuentran en las más de mil fosas clandestinas descubiertas en distintas partes del país.

Es evidente que se trata de una tarea titánica, pues muchas de las víctimas pueden ser migrantes centroamericanos asesinados hace mucho tiempo y a quienes costará mucho más trabajo identificar, sobre todo por carecer de información sobre sus familiares.

Desde luego, la ley es perfectible y mucho del éxito dependerá de la comunicación con los familiares, quienes en los últimos años han venido realizando la tarea de búsqueda, sin más experiencia, método, conocimientos y recursos, que su propia desesperación por encontrar a sus seres queridos.

Si bien hoy parecen haberse presentado dos pasos importantes (voluntad política y presupuesto) , todavía el éxito de la política pública está lejano.

Falta que, en lo individual y en el terreno, los agentes de la justicia dejen atrás atavismos y prejuicios y sean capaces de sospechar que un joven cuando desaparece, desapareció porque algún delincuente (con o sin uniforme)  se lo llevó para algún delito y que una jovencita que desapareció no «está con el novio», como suelen decir con indolencia, sin siquiera bajar las pezuñas del escritorio.

Se trata de implementar todo un sistema que deberá ser enorme, como gigantesco es el reto. Ojalá el resto de los requisitos para que una política pública sea exitosa se cumplan. De por medio está no sólo el derecho a la verdad y a la justicia de miles de familias, sino la recomposición del maltrecho tejido social.

Al pie de la letra

Demasiado importante y demasiado delicado es el tema de la desaparición forzada en cualquier parte del mundo, pero sobre todo en México, donde las víctimas directas de este delito se cuentan por miles y las vinculadas en primer grado (familiares y amigos) quizá por cientos de miles.

Es por ello que hoy decidí reproducir en este espacio al pie de la letra un interesantísimo texto, del «Movimiento por nuestros desaparecidos en México»,  que desmenuza la iniciativa presentada al Congreso sobre este tema y pone los acentos precisamente ahí donde le duele –y mucho– a esta ley una serie de carencias.

Dejo, pues,  al «Movimiento» con el uso de la palabra, sin quitarle ni cambiarle una sola coma. Todo, al pie de la letra.

«Hemos analizado los comentarios al proyecto de dictamen enviados por el Poder Ejecutivo el 19 de abril del 2017. Vemos con mucha preocupación recibir una propuesta regresiva, que está por debajo de la construcción colectiva trabajada con familiares de personas desaparecidas, organizaciones de la sociedad civil y personas expertas en la materia, desde hace casi dos años. Estos son los principales puntos de preocupación:

«1. Inclusión del término ‘persona no localizada’

«Si bien estamos de acuerdo con que debe distinguirse la situación de desaparición vinculada a un delito con la de no localización, como indica el comentario que aparece en la fracción V del Artículo 2, consideramos que el uso que se le da a tales términos –dentro de todo el texto- los equipara, en lugar de distinguirlos. Esto es grave, a tal grado, que incluso en lo que atañe a la declaración de ausencia, se extiende a ambas categorías, sin reconocer la naturaleza de la figura jurídica.

«2. Se vuelve a condicionar y subordinar las acciones de búsqueda a la calificación jurídica

«Ello tendrá dos consecuencias: (1) saturaciones en fiscalías especializadas e/o (2) ineficacia en la localización de personas dentro de las primeras 72 horas.

«Las acciones de búsqueda en campo dependen de las facultades de las autoridades ministeriales, sus límites y de su voluntad.

«En cuanto a competencias, la búsqueda sigue la suerte de la investigación.

«La Comisión Nacional de Búsqueda termina siendo auxiliar de la fiscalía, perdiendo su capacidad operativa y eficacia.

«3. La propuesta de construcción del Sistema Nacional de Búsqueda no atiende a una estructura de un sistema en relación a las funciones y las instituciones. No responde a una lógica institucional.

«No atiende a una lógica de coordinación entre las labores de búsqueda e investigación, prevención y distribución de competencias y responsabilidades.
De nada serviría la construcción de un sistema sin que este opere las herramientas previstas (Registro Nacional de Personas Desaparecidas, Banco Nacional de Datos Forenses, Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, Registro Nacional de Fosas, Registro Administrativo de Detenciones, Alerta Ámber, etcétera). La fragmentación de las herramientas, dejando su administración a distintas dependencias, imposibilita contar con un sistema único de información que permita cruzar los diferentes registros para la localización de las personas desaparecidas.

«La estructura y las atribuciones del Sistema Nacional de Búsqueda dejan a la potestad de los estados el coordinarse para efectos de búsqueda y para la generación de política pública sobre el tema, y no muestra que el Sistema Nacional de Búsqueda tendrá la rectoría del tema. No establece facultades de coordinación para vincular las acciones.

«4. Sobre la Comisión Nacional de Búsqueda:

«No recupera la naturaleza de la Comisión Nacional de Búsqueda y tal como se ha propuesta por las familias, acordado con el Senado y comprometido por el Gobierno federal. Se retiran las siguientes atribuciones esenciales:

«Diseñar y ejecutar el Programa Nacional de Búsqueda de Personas desaparecidas y el Programa Nacional de Exhumaciones.

«Recibir denuncias sobre desaparición de personas.

«Contar con una Unidad de Búsqueda y con Fuerza de Búsqueda (Policías capacitados y certificados), un área de Análisis de Contexto y un Área de Gestión y Procesamiento de Información para la realización de sus actividades.

«Preservar la corresponsabilidad de la Federación y las Entidades Federativas en la búsqueda de personas desaparecidas, bajo el liderazgo de la Federación.

«No es claro a qué personas busca.

«Además propone la creación de Comisión Nacional (federal) y locales de Búsqueda, cuyo modelo se ha probado que no es eficiente para la coordinación y para la creación de políticas públicas. Coordinar el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas que determina, ejecuta y da seguimiento a las acciones de búsqueda y administrará la información para la búsqueda de personas.

«5. Tanto en el Sistema como en la Comisión Nacional de Búsqueda se diluyen los mecanismos de participación de las familias y organizaciones de la sociedad civil además de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

«6. En materia de investigación:

«No se establecen las bases para una investigación efectiva.

«No contemplan medios tecnológicos, mecanismos especiales de investigación y estructura orgánica mínima.

«No cumple los estándares convencionales de la responsabilidad del Superior jerárquico de acuerdo al artículo 6 de la Convención Internacional en la materia. Es decir, la propuesta no incluye los elementos necesarios para garantizar que los superiores jerárquicos (mandos medios o más altos mandos) sean sancionados por no evitar o sancionar a sus subordinados por la comisión de desapariciones o por no facilitar su investigación o sanción por parte de las autoridades responsables.

«Elimina los supuestos de atracción que perseguían el principio de máxima protección.

«Se imponen obstáculos para el enjuiciamiento y la búsqueda, favoreciendo la impunidad. Se ignora la naturaleza permanente y continuada del delito (por ejemplo en el décimo transitorio).

«7. Se propone una definición de Mecanismo de Apoyo Exterior que desconoce y baja el estándar de la actual reglamentación. La definición de Mecanismo de Apoyo Exterior que propone el Ejecutivo es mucho más limitada que la que actualmente esta reglamentada en el Acuerdo de creación de dicho mecanismo, negando la oportunidad a las familias de migrantes de la búsqueda y acceder a la justicia de manera integral.

«Todos estos cambios rompen con el modelo de contrapesos para abatir la impunidad y la aquiescencia del Estado en las desapariciones.

«Es necesario enfatizar que en todo el proceso de interlocución las personas representantes del Ejecutivo Federal han tenido acceso a las discusiones y propuestas que se han ido generando; no se cumplió con la ruta de trabajo acordada, específicamente con los tiempos planteados en la reunión del 31 de marzo del 2017 con el Secretario de Gobernación; y las observaciones al proyecto de dictamen se reciben a seis días de la terminación del periodo de sesiones en el Congreso Federal, disminuyendo cualquier posibilidad de cumplir con el compromiso de que en el presente periodo se cuente con una Ley sobre Desaparición de Personas.

«Atentamente

«Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México

«Los colectivos de familiares que han trabajado en el proceso de discusión y elaboración del documento son: Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México AFADEM-FEDEFAM (Guerrero); Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León, AMORES (Nuevo León); Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California (Baja California); Buscando a los Desaparecidos y Desaparecidas de Xalapa (Veracruz); Colectivo por la Paz, Xalapa (Veracruz); Colectivo Colibrí (Estado de México); Colectivo el Solecito de Veracruz; Comité de Familiares de Personas Desaparecidas en México, “Alzando Voces” COFADDEM (Michoacán); Comité de Familiares y Amigos Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero (Guerrero); Comité de Familias Migrantes Desaparecidos del Salvador COFAMIDE (El Salvador); Comité-Familias Unidas de Chiapas Buscando a Nuestros Migrantes “Junax Ko’otontik” (Chiapas); Desaparecidos de El Fuerte Sinaloa (Sinaloa); Desaparecidos Justicia, A.C. (Querétaro); Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos (Estado de México); Familiares de Desaparecidos y Desaparecidas de Xalapa (Veracruz); Familiares de Orizaba y Córdoba (Veracruz); Familiares en Búsqueda María Herrera, A.C (Distrito Federal); Familiares acompañados por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDHEM) (Chihuahua); Familiares organizados con Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Chihuahua); Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Desaparecidos de Piedras Negras (Coahuila); Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Jalisco); Familiares Enlaces Xalapa (Veracruz); Frente de Víctimas del Estado de Morelos (Morelos); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México – Región Centro; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDLN); Grupo V.I.D.A. Víctimas por sus Derechos en Acción (Coahuila); Justicia para Nuestras Hijas (Chihuahua); Los Otros Desaparecidos de Iguala (Guerrero); Colectivo Madres Unidas (Chihuahua); Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; Personas Migrantes Desaparecidas de Guatemala; Plataforma de Víctimas de Desaparición en México (Distrito Federal); Por Amor a Ellxs (Jalisco); Red de Madres Buscando a sus Hijos, A.C.; Red Eslabones por los Derechos Humanos; Red Nacional de Enlaces; Regresando a Casa Morelos; Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa.; Víctimas y Ofendidos del Estado de Morelos, A.C.; Voces Unidas por la Vida, Sinaloa.

«Organizaciones de la Sociedad Civil que han acompañado al Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México»

Hasta aquí el texto.

Más de uno que conozco y no le entiende, o no le quiere entender, al grave tema de la desaparición forzada, encontraría didácticas enseñanzas en estas líneas. Puede que sean un poco largas, pero son muy, muy buenas.

Seis años más tarde

Hoy hace seis años, nos enterábamos de una de las más cruentas y brutales tragedias en materia de migración y derechos humanos que había sufrido México en décadas: un grupo de 72 migrantes, en su mayoría centroamericanos, habían sido asesinados en un rancho en San Fernando, Tamaulipas, cosa de la que nos enteramos gracias a que un ecuatoriano logró salir milagrosamente con vida de tan terrible carnicería.

Se trata desde luego de la tragedia más terrible en esta materia y prometía ser el parteaguas para que, ahora sí, se tomaran medidas serias y evitar que este tipo de cosas volvieran a ocurrir.

«¡Ni un migrante muerto más!» era el grito que exigía la sociedad toda.

Lamentablemente pasó el tiempo y las cosas no mejoraron. Incluso, los directivos entonces del Instituto Nacional de Migración, dependencia encargada precisamente de que este tipo de cosas no pasen, no tuvieron castigo y siguieron como si nada, protegidos por sus amigos en el poder.

Pero hoy que se cumplen seis años de esta tragedia, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, emite un documento que me permito reproducir en este espacio, porque da cuenta de la situación de una manera muy ponderada, según mi humilde punto de vista.

Así pues, dejo la palabra a la CDHDF:

«La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) conmemora el 6° aniversario de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, ocurrida entre los días 22 y 23 de agosto del año 2010, suceso que dejó un saldo de 72 personas migrantes ejecutadas por integrantes de una organización criminal con la colusión de policías de la localidad. Las personas indocumentadas provenían de varias naciones de Centro y Sudamérica e intentaban cruzar el territorio nacional con destino a Estados Unidos en búsqueda de mejores oportunidades.

«México se caracteriza históricamente por su ubicación geográfica como un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes; es decir, representa una antesala obligada de flujos migratorios mixtos, los cuales comprenden miles de migrantes sin documentos, solicitantes de asilo, personas refugiadas, víctimas de trata y desapariciones forzadas de personas que tienen por destino principal los Estados Unidos y en menor medida Canadá. Por tal motivo, el corredor entre estos países representa el mayor tráfico de migración a nivel internacional.

«La persona migrante ha sido definida por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), como aquella que está en movimiento o se ha movido a través de una frontera internacional o dentro de un Estado fuera de su lugar de residencia habitual, independientemente de su status legal. Sin embargo, el simple hecho de tratarse de personas indocumentadas les caracteriza como un grupo en situación vulnerable que necesita atención y protección a sus derechos humanos, a fin de evitar hechos como el que hoy se conmemora.

«Tamaulipas ha sido durante años territorio de tránsito de personas tanto de nacionalidad mexicana como extranjera (especialmente centroamericana) que se dirigen a los Estados Unidos. El caso de las y los 72 migrantes no era la excepción: 58 hombres y 14 mujeres víctimas de la masacre de San Fernando, abandonaron su país ante la situación de pobreza y violencia que viven en sus comunidades de origen.

«Este doloroso evento constituyó una de las mayores atrocidades registradas en el país, reflejando un escenario paradigmático ante la comunidad internacional que visibilizó las graves violaciones a los derechos humanos cometidas hacia ese grupo. Por desgracia, esta clase de barbarie es una situación que en menor o mayor grado se repite una y otra vez en contra de la población migrante que transita por el territorio nacional, la cual además debe enfrentarse cotidianamente a actos de violencia, discriminación, secuestros, abuso sexual, trata y desapariciones forzadas.

«Durante el proceso de investigación, las autoridades incurrieron en múltiples irregularidades como son: la falta de preservación de las evidencias, mala actuación en torno al trato que se le dio a los cadáveres, realización de necropsias tardías, así como la falta de identificación de cuerpos. Es por ello que a seis años de esta masacre, aún no se han esclarecido los hechos ni se ha determinado quiénes perpetraron el crimen.

«Sobre este caso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió el 13 de diciembre del año 2013 la Recomendación 80/2013, dirigida al Procurador General de la República y al Gobernador del Estado de Tamaulipas, a fin de que se investiguen los hechos para llegar a la verdad histórica de los mismos, la identificación de los cuerpos, garantizar a los familiares el acceso a la información del destino de los cuerpos de sus parientes y el respeto a los derechos de las víctimas.

«No obstante el contenido de dicha Recomendación, las autoridades correspondientes encargadas de la investigación obstaculizaron el desarrollo de la misma y negaron a los familiares de las víctimas el acceso a la información del caso, por lo cual acudieron ante las instancias jurisdiccionales del país con el apoyo de las organizaciones civiles Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y Artículo 19.

«Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión del día 2 de marzo del presente año, entró al estudio conjunto de los hechos relacionados con la masacre de 72 migrantes en 2010; de los restos localizados en 47 fosas clandestinas en 2011, en San Fernando, Tamaulipas, y de los restos localizados en mayo de 2012, en Cadereyta, Nuevo León.

«El máximo tribunal del país concedió el amparo a los familiares de dos ciudadanos salvadoreños cuyos cuerpos fueron hallados en fosas clandestinas, en 2011. En el fallo se ordena a la Procuraduría General de la República (PGR) abrir las investigaciones sobre las matanzas de personas migrantes extranjeras ocurridas entre 2010 y 2011, en San Fernando, Tamaulipas.

«Asimismo, determinó el reconocimiento como víctimas a los familiares de las y los migrantes acribillados, a fin de que tengan acceso al expediente, averiguación previa, copias y peritajes sobre los hechos. Además, tendrán derecho de acceder a los mecanismos de reparación del daño. Con este fallo, la SCJN sentó un precedente histórico en materia de derechos humanos a favor de las personas migrantes, cuyo sentido obliga a las autoridades del país a reconocer como víctimas directas a los familiares de tales hechos.

«Por otra parte, en el 2011 se promulgaron a nivel federal la Ley de Migración y la Ley de Refugiados y Protección Complementaria. Paralelamente, emergieron algunas legislaciones a nivel local, como es el caso en el Distrito Federal de la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana.

«Sin embargo, en el tema de tránsito migratorio siguen pendientes retos que tienen que ver con el acceso a la justicia y la libre movilidad, a lo que se añade un incremento en las violaciones a derechos humanos de quienes cruzan por México, específicamente en algunas de las comunidades de tránsito migratorio donde se ha recrudecido el reclutamiento de personas, sobre todo jóvenes, para actividades relacionadas con la delincuencia organizada.

«Ante este escenario y en este 6o aniversario de la lamentable masacre, la CDHDF exhorta a las autoridades competentes para que, en el ámbito de sus atribuciones, aseguren que la ruta migratoria se pueda transitar con seguridad, se respeten y garanticen los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales; y se reduzcan los altos niveles de impunidad que caracterizan a los crímenes cometidos contra las personas migrantes en su tránsito por territorio mexicano.

«Por otro lado, se hace necesario atender con mayor diligencia la prerrogativa de los familiares de las víctimas a conocer la verdad, obtener una reparación del daño de manera integral, acceder a la información sin dilaciones y, finalmente, a la justicia para las víctimas directas e indirectas. Todo ello sin perder de vista que la sociedad también tiene el derecho a conocer la verdad sobre estos crímenes, así como las razones y circunstancias en las que se cometieron, a fin de evitar por todos los medios que algo similar vuelva a ocurrir».

Desaparecemos todos

Cualquier sociedad medianamente democrática y con un estado de derecho aunque sea menos que mediano, se escandalizaría y se movilizaría toda en conjunto, al enterarse de que una persona ha sido desaparecida de manera forzada.

Si en la desaparición deliberada y por lo tanto delictiva, están involucrados policías, la preocupación sería suprema y esa sociedad se paralizaría completamente hasta que se conozca la verdad y se sepa quién fue, cómo estuvo y qué pasó con la persona. Obviamente, se exigiría la aparición con vida de esa persona, porque así como se la llevaron cuando vivía, tienen que devolverla viva…¡No hay margen de discusión!

En esa sociedad con la hipotética desaparición forzada de una sola persona, los gobernantes tendrían las horas contadas. Conforme pasaran los minutos sin que aparezca la persona sana y salva, la presión para las autoridades sería mucho mayor y llegaría el punto en el que, ante la presión social, el mal gobernante cuya desidia e incapacidad propiciaron un acto tan monstruoso, se vería forzado a renunciar.

Y quien lo sustituyera, tendría dos tareas: una inmediata y una de mediano plazo. La inmediata, claro está, sería encontrar viva a la persona desaparecida y, la segunda, de mediano plazo, sería investigar a su antecesor y descubrir por qué fue incapaz de impedir una atrocidad de esa magnitud y, en su caso, llevarlo a juicio por ello.

Sobra decir que en esa situación hipotética, la sociedad entera, todos y cada uno de sus integrantes, estarían al pendiente, porque les indignaría como si se tratara de un miembro de su propia familia y les preocuparía de manera intensa, porque todos sabrían que, si lo dejan pasar o lo ignoran, mañana sí puede ser realmente un miembro de su familia directa…acaso un hermano, un hijo, ¿qué sé yo?

Toda esa gente sentiría que si desaparece uno, podemos desaparecer todos y que si uno o varios policías estuvieron inmiscuidos en semejante brutalidad, es hora de ajustar fuerte las tuercas y revisar uno por uno a todos los policías, desde el más modesto, hasta el máximo jefe, para descubrir a la manzana podrida y sacarla de ahí, para refundirla en la cárcel con la pena más severa, por haber faltado de una manera tan asquerosa a su deber de cuidar a los ciudadanos.

La solidaridad con las víctimas, por lo tanto, sería natural y no habría ni necesidad de discutirlo. TODOS estarían perfectamente ciertos de que la causa de los familiares y amigos del desaparecido, ES la causa de todos y cada uno de los integrantes de esa sociedad, porque si hoy desaparece uno, mañana pueden desaparecer todos.

¡Inadmisible!

Pero ocurre que no, que en ésta, nuestra realidad, muchos no lo asumen así y, por el contrario, se creen invencibles, intocables.

Piensan, primero, que a los desaparecidos (¡se cuentan por miles!)  les pasó lo que les pasó porque se lo merecen o no se saben cuidar.

Después, creen que a ellos y a sus familiares nunca les va a pasar, sin darse cuenta de que la policía podrida y penetrada por la delincuencia, no respeta a nadie ni a nada

Por último, suponen con desdén que ése es un problema de pobres, ignorantes o rijosos, porque en su mente retorcida por la discriminación y el desprecio, se sienten parte de una élite a la que en realidad no pertenecen, porque la verdadera élite, los auténticamente poderosos, son un puñado que maneja las cosas de manera metalegal y a partir de una escandalosa corrupción.

Por eso, esas personas desviadas y sin alma, convocan a que los padres de los 43 de Ayotzinapa «ya superen» la pérdida de sus hijos, como si se tratara de bienes de consumo, como si a alguien se le hubiera roto por accidente el pantalón que más le acomodaba y se quejara de que nunca encontrará otro igual.

Para esos sujetos sin corazón ni conciencia, la desaparición de los seres humanos no es problema. Porque en el fondo creen que los desaparecidos no son seres humanos….o no, por lo menos, de la misma clase que ellos, aunque todos respiremos y mantengamos idénticas funciones fisiológicas.

No se dan cuenta de la descomposición social grave que estamos sufriendo y de la necesidad que nos urge como sociedad de unirnos en la indignación y en la exigencia de que esta clase de porquerías nunca vuelvan a pasar, porque precisamente hablamos de personas que tienen relación con otras personas y que son igual de importantes que cualquiera.

Pero el clasismo, la discriminación y la disparidad económica, le impiden ver a estos necios la magnitud del problema en el que estamos metidos.

¡Ojalá nunca les desaparezcan a sus hijos!

Ojalá nunca desaparezca nadie más y aparezcan vivos todos los que nos faltan.

La curiosa estrategia

Desaparición forzada, tortura, impunidad, corrupción, injusticia, son conceptos que, muy desgraciadamente, se han convertido en cotidianos para México.

Nuestro bello, pero infortunado país, sufre una de las más graves crisis en su historia y, aunque tal vez nunca tuvo una vocación legal más clara a favor de los derechos humanos (el mismísimo artículo primero de la Constitución no puede ser más explícito en la materia), la práctica es nefasta.

Todos los días nos enteramos que desaparecen personas, hay colusión explicita entre las policías –sobre todo de los niveles municipales– con toda suerte de delincuentes de toda índole y las autoridades civiles se ven rebasadas ya por acción, ya por omisión, mientras el ciudadano se encuentra indefenso ante un sistema de justicia que claramente tampoco funciona.

La actividad criminal, por desgracia, ha crecido de manera alarmante; no parece haber solución a la vista.

En ese contexto se presentó hace unos días el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en México.

Como era de esperarse, luego de que algunos integrantes de esa Comisión estuvieron en México en diversas oportunidades e incluso un Grupo de Expertos ha estado por varios meses atendiendo el truculento caso de Ayotzinapa, el Informe no puede menos que reproducir lo que todos sabemos: existe una gran corrupción, hay autoridades coludidas con delincuentes de todos tamaños por todas partes, el acceso a la justicia es deficiente o inexistente, las desapariciones forzadas con la complicidad tácita o explícita de las autoridades de todos tipos son cosa de todos los días, la impunidad campea en todos los ámbitos, la violencia es cosa diaria en muchas zonas y la tortura sigue siendo práctica común, mientras el número de procesados por esos delitos es ínfimo y el de sentenciados, ridículo.

Quienes amamos a nuestro México sentimos dolor y vergüenza por esta terrible situación. A diario quisiéramos que, por obra de algún conjuro mágico, la situación cambiase de manera radical y la gente tuviera certeza de que, quien la hace, la paga.

Quisiéramos un país a la altura de su grandeza, donde toda la gente buena tuviera oportunidad de desarrollarse y crecer; de emprender y generar riqueza, disfrutar de ella con libertad y tener confianza en sus autoridades, desde las más modestas e inmediatas, hasta las más doctas y generales.

Todos queremos un México donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no pueda decir nada malo, porque no lo encuentre cuando haga sus averiguaciones.

Pero desgraciadamente, por el momento, no tenemos esa realidad. La realidad, por el contrario, es muy otra; se corresponde con mucha claridad a lo señalado en ese terrible informe de 242 hojas, donde se da cuenta de innumerables violaciones a derechos humanos en especial de grupos vulnerables de la sociedad.

Lo curioso es que las autoridades recurrieron a un método muy conocido, diríamos «gastado», luego de que se presentó el Informe: desacreditarlo.

La respuesta de las autoridades, palabras más, palabras menos, señaló que el personal de la Comisión, dio por buenas declaraciones no válidas ni confirmadas; que fue parcial, no reconoció los avances legales en la materia y generalizó, sin hacer averiguaciones serias.

Sin embargo, el documento sí reconoce el marco legal de avanzada que México tiene y los esfuerzos realizados en algunos campos, como juzgar en el ámbito civil a los miembros de las Fuerzas Armadas involucrados en hechos que laceren los derechos humanos de los ciudadanos.

Y además, es producto de varias visitas, incluyendo la del Grupo de Expertos que, desde hace varios meses, ha estado en México para conocer a detalle lo ocurrido a los normalistas de Ayotzinapa y el cual produjo en septiembre del año pasado un informe muy completo sobre el tema, con aspectos que hasta ese momento, las autoridades mexicanas no se habían molestado en considerar.

Se trata de una estrategia de desacreditación que busca minimizar el daño político que puede causar en el ámbito internacional y en materia turística, entre otras cosas, para un país grande entre los grandes, pero que enfrenta una delicadísima crisis que, por supuesto, no se va a terminar desacreditando un informe.

 

Audiencia importante

En Washington D.C., se escucharon varias voces hoy.

Fue durante una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyo tema central era un hecho terrible, que se puede resumir en una sola palabra de origen indígena, que no tiene traducción, pero que se ha vuelto símbolo universal de la injusticia y la barbarie: Ayotzinapa.

Hasta ahí llegaron funcionarios del gobierno mexicano, para presentar las acciones que, según ellos, han realizado las autoridades para tratar de esclarecer esta tragedia, que ha enlutado los hogares de los 43 estudiantes, pero también a una nación entera.

Sin embargo, tal como es costumbre en esta clase de audiencias, también fueron escuchadas las partes involucradas, entre ellas, uno de los representantes de los padres de los estudiantes, quien, aprovechando el foro, llevó hasta ahí un video con los testimonios de los angustiados familiares.

Se trata de una grabación simple, poro muy fácil de entender. En un salón que parece ser el auditorio de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos», de Ayotzinapa, están sentados en bancas anaranjadas de plástico, los padres de los estudiantes. Uno a uno, se levantan, dan su nombre y expresan en breves palabras su sentir y su súplica por saber la verdad de los hechos y recuperar a sus hijos.

Son en general personas de condición modesta e incluso se diría de extracción humilde. Su discurso es directo y sencillo, como el de todas las personas que no revisten la realidad con florilegios inútiles; como el de aquellos que reclaman con justicia la presentación con vida de sus hijos, porque como bien dicen: «vivos se los llevaron, vivos los queremos».

Con un manejo simple y directo del español, estas personas recobran fuerza para pedirle a la Interamericana, que continúe en México las investigaciones, como único asidero para encontrar de una buena vez la vedad y dilucidar qué pasó tras las fatídicas horas del 26 al 27 de septiembre de 2014.

Cada testimonio va acompañado con subtítulos en inglés, para facilitar la comprensión de quienes no hablan español y cuya presencia en la sala donde se realizaba la sesión, en la capital de Estados Unidos, era, por supuesto, previsible.

Los discursos son simples, directos y tienen un común denominador obvio: «ayúdenos a encontrar a nuestros hijos».

Y se dice fácil. Pero precisamente, por eso la desaparición forzada de personas se considera un crimen de lesa humanidad: por es continuo en el tiempo. Se trata de un delito que continúa mientras la víctima no aparezca.

A diferencia de un asalto, o de cosas mucho más graves como una violación o aún un homicidio, la desaparición forzada de personas tiene un principio, pero no tiene fin hasta que se logra dar con el paradero de la persona. Es decir, otros delitos, por graves que resulten, pueden ubicarse en el tiempo y duran relativamente poco.

Sin que eso sea un consuelo ni mucho menos, como sea las víctimas y sus familiares tienen un proceso de duelo completo aún cuando las investigaciones no resulten satisfactorias. Incluso, cuando no se conoce del todo la verdad de los hechos. Más aún: a pesar de que la reparación del daño resulte materialmente imposible.

Pero saben que el delito inició y terminó en un determinado momento.

En cambio, los familiares de las víctimas de desaparición, saben –a veces– cuándo inició la comisión del delito, pero no saben cuándo acabará. Cada segundo es una angustia feroz, un acabarse de la vida, una incertidumbre que no deja vivir, un miedo pánico por lo que pueda pasar después o por lo que estará viviendo, en ese preciso instante, un ser querido.

Esa es al angustia que llevaron hoy, a través del video, los padres de los 43 hasta Washington, para ser escuchados en la audiencia de la Comisión Interamericana.

Junto a esos brutales testimonios de dolor y de angustia, poco es lo que puedan decir en su descargo los funcionarios.

Discurso II

Hace algunos días, al cumplirse cuatro meses de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, reproduje aquí los comentarios que al respecto hicieron el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, y el presidente Enrique Peña Nieto.

Hoy toca el turno a Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Hoy se presentó, al frente de una delegación mexicana, a sustentar el informe de México sobre el cumplimiento de la Convención para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, en Ginebra.

Su discurso tiene algunas líneas interesantes:

«México reconoce sin la menor ambigüedad que, a pesar de los importantes avances que existen en el país en materia de derechos humanos, seguimos enfrentando retos que debemos superar. Nuestra presencia hoy ante ustedes deriva de la obligación de rendir cuentas acerca del estado que guarda el cumplimiento de la Convención.

«Pero esta sustentación ocurre en una circunstancia particularmente dolorosa que ha generado urbi et orbi indignación y repudio, pero también determinación y contundencia para satisfacer el derecho a la verdad y a la justicia. En ese cometido están comprometidos gobierno y sociedad.

«La desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa pone de manifiesto, una vez más, que debemos seguir atendiendo los problemas asociados a la pobreza, la exclusión y la corrupción, para hacer frente al crimen organizado, y la violencia que lo acompaña y así fortalecer las capacidades del Estado en materia de seguridad y justicia.

«Cuando se juzgue y sancione a todos los responsables de estos actos de barbarie y se acredite plenamente el paradero de los desaparecidos, podremos, Estado y sociedad, pasar del dolor a la recomposición del tejido social. Y consolidar el México en paz, el México incluyente que haga realidad el estado de derecho que todos anhelamos.

«Con profundo respeto a los familiares de algunos de los estudiantes desaparecidos aquí presentes y a las organizaciones que las representan, expresamos nuestra solidaridad para con las víctimas de violaciones a los derechos humanos y a todas las víctimas del delito en México.

«México se mantiene abierto a recibir cooperación de otras instituciones internacionales (tales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para las Derechos Humanos; el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Unión Europea) y de los gobiernos de los países que nos lo han ofrecido, entre los que se encuentran, a manera de ejemplo, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia.

«A la luz de estos acontecimientos, se ha reforzado la urgencia de contar con un sistema de prevención integral que considere los contextos de criminalidad en diferentes zonas. Asimismo, se ha reforzado la importancia de redoblar nuestros esfuerzos para transformar la forma en que se conciben, reconocen y aplican los principios que deben regular la investigación ministerial, pericial y policial de la desaparición de personas para el cabal cumplimiento de los derechos humanos en México».

Este es parte del discurso (muy amplio), que el funcionario pronunció de manera formal ante un foro internacional, a nombre del Estado Mexicano este día en Ginebra.