«De lo perdido, lo que aparezca» dice el dicho, y conforme a ese principio, no está mal que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, haya anunciado hace unos días una serie de medidas encaminadas a disminuir la presión contra los inmigrantes irregulares, que podría beneficiar a cerca de 5 millones de mexicanos.
La buena noticia es que, con estas medidas, se pone fin de inmediato a la ola de deportaciones iniciada durante el gobierno del actual presidente de Estados Unidos y que llevó por ese camino a más de 2 millones de personas, con un incalculable costo social y económico, por la separación violenta de familias.
Y, claro, la otra buena noticia es que casi 5 millones de personas dejarán de sufrir ante la posibilidad de regularizar su situación, siempre que cumplan una batería de condiciones establecidas en las medidas administrativas.
El anuncio del presidente Obama, quien con ello inició una abierta confrontación con el nuevo Congreso estadounidense de mayoría republicana, es un muy buen complemento a una Acción Diferida (DACA, por sus siglas en inglés), que ya había beneficiado a unos 600 mil estudiantes que hubieran llegado de niños a Estados Unidos, traídos por sus padres.
Pero los especialistas en migración hacen ver dos detalles de no poca importancia, en medio de la euforia levantada por el anuncio del presidente de hace unos día.
En principio, el DACA es una medida administrativa que no abre un camino a la ciudadanía y que permanecerá vigente conforme a la voluntad del presidente de Estados Unidos en turno…con toda la inestabilidad que eso supone.
En segundo lugar, las nuevas medidas que dictó el presidente en uso de su facultad ejecutiva, si bien abarcan a un número de personas y constituyen desde luego un alivio para millones de familias, dejan fuera a un grupo tampoco despreciable y que no tiene prácticamente ninguna posibilidad.
Se trata de los padres de los jóvenes beneficiarios de la Acción Diferida, quienes no cuenten con hijos nacidos en Estados Unidos, pues no podrán presentar sus solicitudes para hacerse acreedores a las nuevas medidas anunciadas por el gobierno de Obama y a quienes tampoco benefician las medidas incluidas en la Acción Diferida.
Esto es: un grupo gran de excluidos de ambas opciones, quienes seguirán sometidos a la presión de ser indocumentados y «a vivir en las sombras», como dice el propio presidente Obama, aunque eso sí, pagando impuestos.
Porque el mito de que las personas que no tienen documentos no pagan impuestos, es uno de los más fáciles de combatir, mediante el ejercicio más simple del mundo, cuya metodología de un solo paso no tiene pierde: pregúntenle a cualquier mexicano que ustedes conozcan en Estados Unidos si paga impuestos. Encontrarán que invariablemente, la respuesta es «sí», con independencia de la calidad migratoria del entrevistado.
Y estas personas, a pesar de pagar impuestos, no alcanzan a cumplir los requisitos establecidos en las nuevas medidas dictadas por el presidente y por ello, siguen enfrentando el miedo y la posibilidad real de ser deportados o –peor aún– acusados de delitos y enviados a la cárcel.
Así pues, estas nuevas medidas son muy bienvenidas por su potencial de protección, pero son insuficientes.
juancarlosvillarruel 