¿De verdad es necesario?

¿Quién, que no haya nacido escandalosamente millonario, no se ha visto alguna vez apretado económicamente?

Mientras miles de millones de personas en el mundo enfrentan la duda de si comerán algo mañana, , algunos luchan por mantenerse en la clase media.

El neoliberalismo y su desgraciada hermana siamesa, la globalización, han generado ejércitos de pobres en todo el mundo y han arrastrado a la miseria a quienes antes se encontraban en las precarios, aunque todavía decorosos, límites de la clase media baja.

Quienes aún permanecen en la clase media, por lo general trabajan para alguna empresa y dependen de su salario o tienen un modesto negocio que se mantiene a flote a duras penas, como una lancha en medio de la mar embravecida.

Estas personas están muy lejos de pertenecer al selecto grupo de los multimillonarios que detentan la gran mayoría de las riquezas en el mundo, aunque también están lejos todavía del gigantesco grupo de personas que, de verdad, no comieron hoy y probablemente tampoco lo hagan mañana.

Estas personas saben muy bien, cuán importante es cuidar los gastos y, como individuos muy vulnerables a los cambios económicos, saben que con frecuencia pueden enfrentar situaciones difíciles en lo personal, que los llevan a tomar decisiones drásticas.

Por ejemplo, la quiebra del pequeño negocio familiar, o la pérdida del empleo por parte de alguno de los dos integrantes de la pareja, suponen una dificultad económica superior y, por lo tanto, momento de hacer severos ajustes.

Es momento de revisar en detalle a qué se destina el gasto familiar y cuáles son las “llaves” por las que se fugan ingresos, las cuales es indispensable cerrar de inmediato.

Por ejemplo, hay que dejar de comprar el café en la cafetería de enfrente de la oficina cada mañana; hay que revisar en detalle la lista del supermercado y restringir gastos innecesarios; hay que ahorrar agua, luz, gas y otros servicios en cuanto sea posible; hay que distanciar las visitas a la tintorería u otros servicios no indispensables ni tan inmediatos…en fin, hay que priorizar.

Por eso llama la atención que en México se esté destinando tanto dinero a algunas instituciones, con un papel más o menos complementario en el combate a la corrupción.

Es bien cierto que la corrupción es un fenómeno lastimosamente enorme en este sufrido país y que lo ha sido durante largos siglos. Por eso, recientemente se creó todo un Sistema Nacional Anticorrupción, que implicó una ambiciosa reforma  a la Constitución, la cual generó instituciones nuevas que, por estar en la Carta Magna, requieren presupuesto público para funcionar.

Pero al mismo tiempo, se anunció un recorte brutal al presupuesto público para 2017 y por lo tanto es difícil asignarle recursos a ese rubro. Al final, tras las discusiones correspondientes en el Congreso, se le otorgaron a la Auditoría Superior de la Federación 2 mil 200 millones de pesos; al Instituto Nacional de Transparencia, 956 millones de pesos y al Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa, 2 mil 500 millones de pesos, lo que hace un total de 2 mil 656 millones de pesos.

Estas tres instituciones ya existían antes del Sistema Nacional Anticorrupción y su operación está destinada, precisamente, a transparentar el uso de los recursos públicos y, al final, a contribuir complementariamente a terminar con la corrupción.

Sin embargo, también desde antes existían la Secretaría de la Función Pública y las Contralorías de los estados de la República; así como la Procuraduría General de la República y las procuradurías de justicia de los estados.

Los dos primeros tipos de instituciones, están destinadas a aplicar sanciones administrativas contra funcionarios del nivel que se trate, cuando se les demuestren actos de corrupción en el ejercicio de la encomienda pública; el segundo grupo de instituciones (las procuradurías), se encargan de lo mismo, pero en el ámbito penal.

Cabe preguntarse si, existiendo ya los mecanismos para aplicar las sanciones administrativas y penales a funcionarios públicos corruptos, es necesaria la labor complementaria de, al menos, otras tres instituciones que le cuesten al país 5 mil 656 millones de pesos.

Y más aún, en tiempos de severa crisis económica.

Volviendo al ejemplo de la familia que ha visto fracasar su pequeño negocio, es como destinarle una buena parte de sus reducidos recursos, por ejemplo, a comprar un guardarropa nuevo, cuando ya tienen ropa que cumple la función respectiva.

¿Será verdad que hacen falta más instituciones para combatir la corrupción? Porque tal vez con el sólo hecho de que las contralorías y las procuradurías actúen de verdad frente a las denuncias, sea suficiente. Y eso no costaría un peso adicional al fisco.

Tal vez haga falta voluntad política para escuchar a los ciudadanos cuando se quejen de que algún funcionario pidió dinero por un trámite o simplemente actuó con displicencia o negligencia en sus labores, porque eso también le cuesta a la nación.

Pero también es verdad que los ciudadanos tienen su responsabilidad directa, porque tan culpable es el funcionario que recibe dinero por debajo de la mesa, como el particular que se lo entrega.

Y eso va desde el automovilista que pacta con el policía una cuota irregular (conocida coloquialmente como “mordida”) para evitar una multa por pasarse un alto; hasta el dueño de una enorme constructora que entrega millones (o para el caso, una lujosa casa de color blanco) al funcionario para obtener la concesión de “X” jugosa obra pública.

Sea como fuere, parece que ahorrarse esa enorme cantidad de dinero en tiempos de aprieto económico, pasa por la voluntad política de los gobernantes y por la voluntad moral de los ciudadanos. Ninguna de las dos cuesta un centavo. Sólo hace falta carácter.

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Archivado bajo Economía, Política, Sociedad

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