Abusos, abusos, abusos

Presa de su propia historia y de serios déficits en materia de ciudadanía, México se encamina con dificultades hacia su pleno desarrollo cívico y material.

Sobre la economía en su conjunto, pesa el lastre de una estructura deficiente, que abre enormes hoyos por donde se cuelan la informalidad y sus hermanastras la corrupción y la impunidad.

Como parte de esas dificultades, la estructura educativa que aún tiene –como se dice hoy eufemísticamente—grandes “áreas de oportunidad”; provee los expertos que no se requieren, o bien es incapaz de generar lo que sí hace falta.

A ello se suma una dificultad práctica más: mientras la Constitución y las instituciones están formalmente dirigidas hacia la democracia, el ser nacional se identifica con ciertas formas de autoritarismo en algunos casos, aunque en otros casos vive contento con la impunidad.

¿Parece complejo?…Lo es mucho más de lo que cualquiera pudiera pensar.

En tal ambiente, a veces ocurren cosas un tanto bizarras, digámoslo así. He iré de lo ideal a lo real, para tratar de explicarme.

En los países desarrollados (pongamos por caso Alemania, Holanda o Taiwán), tanto los gobernantes como los gobernados, tienen una clara conciencia de que las leyes existen por muchas razones, dependiendo de la materia de que éstas se ocupen. Pero por encima de todo, la comunidad comparte una convicción: es necesario cumplir la ley y quien no lo haga, tendrá sin duda alguna un castigo, proporcional a su falta.

A partir de este principio, las cosas funcionan. Así de fácil.

Por eso, para los habitantes de países que han entrado en esa dinámica, resultaría inconcebible ver lo que pasa en países como los de América Latina, por ejemplo, donde todavía hay mucho por hacer en materia de ciudadanía.

No imagino, bajo ningún concepto, a un habitante de Berlín que viaja en el metro de Berlín, comprando un disco de música pirata por dos euros en el vagón, luego de que un salvaje entra con una bocina monumental cargada a la espalda y un reproductor de discos, sonando su “mercancía” a 200 decibeles.

Sencillamente, una imagen como ésa resulta imposible. No hay manera.

Pero en México –como en muchos países en vías de desarrollo—eso sí pasa. El vagonero (vendedor ambulante de mercancía normalmente de contrabando, irregular o de plano ilegal), llega y ejerce su “comercio” con toda tranquilidad y la gente le compra, a pesar de que esté expresamente prohibido por el reglamento del Metro.

La gente le compra a estos personajes, sin siquiera preguntarse a quién le robaron esa mercancía como para que resulte tan sospechosamente barata. Y los vendedores hacen sus ventas sin el mínimo empacho de estar haciendo algo ilegal.

Eso ocurre porque, como dije antes, hay un grave déficit de ciudadanía, la estructura económica abre gigantescos hoyos a la irregularidad y a sus hermanastras, la corrupción y la impunidad y muchas personas tienen conceptos ambiguos sobre impunidad y autoritarismo: en unos casos les gusta disfrutar de la una, pero en otros exigen toda la fuerza del otro.

Por eso llama la atención cuando se presenta un escándalo, por la forma brutal en que dos policías trataron a una vagonera del metro, a quien arrastraron escaleras abajo, luego de detenerla.

Es cierto que esa no es la forma en que debe actuar un cuerpo policiaco y no hay manera de tratar de justificarlo.

Pero si lo observamos todo en su conjunto (no sólo los segundos del video donde se ve a los policías arrastrando a la mujer), se puede entender por qué llegamos a eso.

En principio, la vagonera –que dicho sea de paso está muy lejos de comportarse en general como alguien civilizada—está infringiendo la ley y se arriesga a tener problemas en cualquier momento con la policía.

Pero resulta que cuando los tiene, lejos de someterse a la autoridad de los uniformados, los enfrenta de manera feroz, salvaje y tratando de sobajarlos, en esa combinación incomprensible entre la sensación de impunidad y el deseo de autoritarismo.

Resulta que este tipo de gente, trata de exigir sus derechos frente a los policías, olvidando deliberadamente que violó la ley. Y de paso olvidando también que los policías, como representantes de la ley, tienen el derecho exclusivo del uso de la fuerza para someter a quien se oponga, precisamente, a la ley.

Claro que los policías requerirían un entrenamiento mejor, para someter a la mujer sin necesidad de arrastrarla por las escaleras, lo cual tampoco está bien.

Pero en esa lucha entre una forma incorrecta de pensar y un comportamiento democrático de todos, el hecho ha causado un gran escándalo y la culpa se ha arrojado sin dudas sobre los policías, quienes acaso son más víctimas de su falta de entrenamiento que de otra cosa.

La mala noticia es que siguen ocurriendo cosas de esta naturaleza y que la gente no se da cuenta que también los vagoneros son delincuentes y que nadie debería comprarles ni un chicle.

La buena noticia es que los abusos se empiezan a denunciar y entonces existe una suerte de control social para evitarlo. El truco sería que, como sociedad, comprendiéramos que si hay abuso de un lado, tiene que castigarse, con idéntica fuerza a como se castiga un abuso en el otro lado.

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Archivado bajo Economía, Política, Sociedad

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