Cambio de esquema

Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, uno de los principales deberes del Estado, consiste en garantizarle a sus ciudadanos el efectivo ejercicio de numerosos derechos, entre ellos, el derecho a la salud.

Para ello, el Estado Mexicano cuenta con algunos mecanismos legales, que se traducen en un aparato de recursos materiales y humanos, cuya labor consiste, precisamente, en que la población conserve lo mejor posible su salud.

A lo largo de muchos años de grandes esfuerzos y –hay que decirlo– de grandes médicos y otros profesionales del sector, se ha logrado un resultado de claroscuros.

Por una parte, hay enfermedades epidémicas ya superadas en todo el territorio nacional; hay investigaciones de vanguardia; hay médicos que se distinguen a nivel mundial por sus logros académicos y avances científicos; hay capacidad de respuesta increíblemente alta, considerando los recursos materiales y económicos de que se dispone y hay, por supuesto, una sólida vocación entre los profesionales de la salud, que se pueden reconocer sin mayor problema.

Pero por otra parte, también hay muchos estados donde todavía los servicios no llegan al nivel de detalle deseable y, por lo tanto, aún hay niños que mueren hasta de una simple diarrea; mujeres que fallecen en el parto, debido a una negligencia médica o a falta de elementos para una debida atención; hay personas que mueren por una enfermedad crónica que, de ser atendida a tiempo, hubiera sido salvable, pero que terminan falleciendo por el enorme tiempo que pasa entre una cita y la próxima.

Reflejo de la realidad nacional, con disparidades escandalosas, el sistema de salud también las tiene y una de ellas –importante– viene del diseño de sus instituciones o, para decirlo mejor, de la época en que esas instituciones se crearon.

Me refiero al criterio que se siguió a principios de los años 40 del siglo pasado, cuando se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social.

La idea fue crear una institución que garantizara el bienestar de los trabajadores (especialmente los obreros, con menores ingresos) en su conjunto, asegurando una seguridad social que incluía, entre otras cosas, la salud.

El esquema era simple: el recurso que se usaría para ello provenía de tres fuentes: el Estado, el patrón y el trabajador mismo. Así, el gasto no correría a cargo de uno solo de los interesados, sino de los tres y mediante esta fórmula, se podrían garantizar pensiones, bienestar social, actividades deportivas, recreativas y, de paso, la salud para el trabajador y su familia, en condiciones adecuadas, con buenos equipos y buenos médicos.

Por entonces, el país estaba en plena industrialización y las cosas iban viento en popa. Cuesta trabajo pensar cómo se vería entonces a alguien que dijera: “¡Cuidado! Al iniciar el próximo siglo este esquema ya no servirá”. Seguro que se reirían de él o se le tildaría de lunático.

Para ese momento, no se veía fin a la expansión del trabajo y el esquema parecía prometedor. Además, la esperanza de vida estaba en el rango de los cincuenta y tantos años, de manera que las pensiones no eran realmente un problema. Los pensionados sobrevivían realmente poco tiempo después de su retiro y el dinero alcanzaba y sobraba, sin mayor problema.

No obstante, el tiempo pasó y las cosas cambiaron y cambiaron mucho. Una crisis tras otra, la economía dejó de ser tan boyante como entonces, la creación de empleos dejó de ser imparable y mucha gente se quedó sin posibilidad de ingresar a la economía formal y por lo tanto, fue creciendo de manera alarmante la economía informal. Además, la esperanza de vida aumentó de manera muy importante, generando así un complicado reto para el esquema de las pensiones. Por si fuera poco, las familias crecieron enormemente, hasta llegar al punto de que un solo trabajador afiliaba esposa y cinco o seis hijos, con una sola cuota.

Mientras tanto, el Estado siguió enfrentando el reto que impone su responsabilidad: garantizar el derecho a la salud de la población (menudo problema).

La realidad es que el Seguro Social bajo ese esquema, es discriminatorio y generador de desigualdad social, porque sólo acceden a él quienes tienen un trabajo con prestaciones de ley (trabajo decente, diría el criterio de la OIT), y por lo tanto, todos los demás que no estén en ese caso, tendrán que ver cómo se arreglan.

Es cierto que para ese gran grueso de la población (los afiliados al IMSS son los menos) están los servicios de salud que presta el Estado a través de la Secretaría respectiva. Pero también es cierto que el esquema de garantizarle la salud a unos de un modo y a otros de otro distinto, generó desigualdad y propició una disfunción seria del sistema, porque en realidad el esquema mismo es bastante antisistémico.

El hecho de que los trabajadores asalariados tengan un sistema, los burócratas otro, los estados de la república uno diferente al federal y la población abierta un sistema distinto, sin contar con los servicios privados de salud, hace ver la necesidad de buscar otra forma de organizarse para darle eficacia a la infraestructura y el talento humano.

Tan serio es el problema, que recientemente en una mesa redonda, el secretario de salud, José Narro Robles, aseguró que si a él se le encomendara iniciar desde cero el sistema de salud nacional, lo único que no haría, sería generar la distinción entre las personas que tienen trabajo formal y quienes no lo tienen.

Porque eso propicia desigualdad, discriminación y hace que no se pueda cumplir el postulado constitucional de garantizarle salud a todos los mexicanos. Porque tan derecho a la salud tienen quienes cuentan con un trabajo formal, que quienes no lo tienen y por eso, se requiere un nuevo esquema que parte de mantener sanos a todos, sin importar que tengan o no empleo.

Lo contrario (el esquema que hoy persiste), es en realidad la creación de clubes de Toby, grandotes, pero tan excluyentes como la famosa casita-club donde estaba prohibida la entrada de la mitad del sector infantil: las niñas.

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Archivado bajo Economía, Política, Sociedad

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